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Jubilados,
los eternos postergados
Nuestros jubilados han dado pruebas fehacientes de su infinita
paciencia. Son uno de los sectores más maltratados de la
sociedad y, sin embargo, al margen de ciertas esporádicas
y minoritarias reacciones, siguen soportando con resignación
las injusticias y postergaciones que han venido padeciendo
desde hace muchísimos anos.
¿Hubo alguna época
de la vida del país en la cual jubilarse significaba el
merecido descanso después de una vida de trabajo y la percepción
de una retribución digna? Si la hubo, está tan distante
en el tiempo que es patrimonio exclusivo de los historiadores
y los memoriosos.
Las sombrías perspectivas
del ingreso en la denominada clase pasiva comenzaron hace
ya varias décadas, cuando más de un gobierno hizo uso compulsivo
de los recursos de las entonces llamadas cajas de jubilaciones
para tratar de equilibrar desequilibrios presupuestarios
y alternativas financieras desfavorables, lo cual desquició
el sistema. Ese fue apenas el principio de una reiterada
serie de expoliaciones morales y materiales.
También desde hace mucho
tiempo, y salvo excepciones contadas, sólo el mero hecho
de pretender jubilarse representa embarcarse en una odisea
que en muchísimos casos requiere el auxilio de "gestores"
-por lo general, pagos- para lograr superarla. Durante ese
prolongado lapso, asimismo, fue desechado el 82 por ciento
móvil; se produjo la indebida aplicación del impuesto a
las ganancias sobre las percepciones jubilatorias, que,
en realidad, son el reintegro casi siempre parcial e incompleto
de las sumas que el Estado les confisca a los trabajadores
durante toda su vida laboral; la imposición de topes a las
jubilaciones más altas, fuesen cuales fueren los montos
de los aportes; las deficiencias en los cálculos de los
haberes jubilatorios y los oídos sordos ante las sentencias
judiciales que ordenan corregir esos "errores"
administrativos, y la imposición a las administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) de inversiones
de riesgo destinadas a solventar los gastos, y los derroches,
estatales.
Podrían agregarse a esa larga
lista las inexplicables demoras en el trámite de las jubilaciones
-hasta veinte meses o más, de acuerdo con las denuncias
contenidas en cartas de lectores publicadas recientemente
por LA NACION-, que por fuerza les imponen a los titulares
de esas gestiones disponer de los fondos imprescindibles
para poder sobrevivir mientras se les demora, sin explicación
valedera, la liquidación de los haberes a cuya percepción
tienen pleno derecho.
Cuanto aquí se ha enumerado
y cuanto ha quedado en el tintero expone una descarnada
y oprobiosa realidad: más allá de las expresiones grandilocuentes,
los anuncios infundados y las promesas de dudoso cumplimiento,
el Estado exhibe notable desprecio por la suerte de los
jubilados, y en los hechos concretos ni siquiera se preocupa
por disimular que los maltrata.
Hace dos años, cuando
la Corte Suprema de Justicia de la Nación intentó hacer
justicia fallando en favor del restablecimiento del 85 por
ciento móvil para los jubilados del Servicio Exterior y
del 82 por ciento en el caso de los docentes, el titular
de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses),
Sergio Massa, le requirió al alto tribunal que "fuese
responsable". Aclaró que el sistema no podría hacerse
cargo de la financiación de esa movilidad si era extendida
a todos los trabajadores. Cabe recordar que esa imposibilidad
es producto de los irresponsables manejos del Estado dilapidador
y prebendario.
En definitiva, sobre los
jubilados y quienes están en edad de serlo recae la desconsideración
de ese Estado indiferente ante las dificultades que amargan
cuanto les queda de existencia a nuestros mayores. Negro
porvenir que deberían tomar en consideración quienes ahora
son jóvenes, pero algún día y porque así lo senala un destino
inexorable deberán incorporarse a la pasividad laboral,
o sea, a la clase de los postergados.
No está de más subrayar que
las jubilaciones no son una generosa y misericordiosa concesión
del Estado, sino un legítimo derecho al reintegro de tan
sólo una parte de las sumas que los trabajadores han tenido
que aportar en forma compulsiva y obligatoria durante toda
su vida laboral. Y que un gobierno reiteradamente autoproclamado
defensor de los derechos humanos no puede ignorar que las
postergaciones infligidas a los jubilados configuran una
flagrante violación de ese principio humanitario.
Editorial del diario La Nación publicado el 25 de mayo de
2007
http://www.lanacion.com.ar/911518
LA NACION | 25.05.2007 | Página 18 | Opinión
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